Ese es el número de tentativas de femicidios que este año 2022 ocupa en nuestro padrón el ataque a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. No podíamos incorporar un caso semejante sin reflexionar qué significa porque es evidente que no se trata de una más, pero sí de una oportunidad para construir el Nunca Más que reclama la sociedad argentina.
Se ha debatido estos días tremendos cómo los discursos de odio propulsan estas violencias. Pero es necesario señalar también que la inacción del Estado para prevenirlas es su necesario cómplice. También que el Poder Judicial y la Policía no están -ni siquiera en un caso de esta relevancia institucional- garantizando una investigación seria y responsable, comprometiendo pruebas claves, como en todos los casos que día a día denunciamos. Es esta maquinaria la que garantiza la impunidad y así, que suceda el siguiente. Detener estas violencias implica entonces una activa política de prevención, que incluya masivas campañas de difusión y programas de educación en la no violencia. Implica, sobre todo, que el Estado argentino se haga responsable de la vida de las mujeres y trans tal como se lo ordena la ley, los tratados internacionales y nosotras, las personas que sufrimos las consecuencias de su inacción. Ninguna, como queda hoy en evidencia, estamos a salvo. Y las consecuencias que expone este caso número 156 demuestran que lo que está en peligro, además de la integridad física de una mujer concreta –madre, hija, amiga, vecina o vicepresidenta- es la vida misma de la democracia.
