El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa. Este registro autogestivo intenta compilar la información necesaria para trazar un panorama que permita comprender por qué elude esa responsabilidad. Sumamos otros poderes del Estado para completarlo y con esta información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.