Informe septiembre 2021
216 femicidios y travesticidos
176 infancias huérfanas
295 marchas exigiendo Paren de Matarnos
204 días preguntando dónde está Tehuel
A partir de este mes sumamos otro dato: 153 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.
En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:
1.El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.
2. También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.
Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.
Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 153 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.
Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:
1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por
funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos
concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.
2. Los 153 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una
muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos
años.
3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos
casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el
presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por
violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente
noticia el pasado 8 de marzo.
4. No incluimos en los 153 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de
funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante
presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue
denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder
Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa
que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte
Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o
desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia
del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de
esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.
5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias
que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave
contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan
iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable
también significa esto.