Más del 60% de hogares con jefatura femenina. Las políticas públicas de atención y acompañamiento comunitario arrasadas. Estado ausente, pobreza, desocupación: las realidades que permiten a las redes narco usar a las mujeres como piezas descartables. Por Evangelina Bucari.
El triple narcofemicidio de Morena., Brenda y Lara dejó al descubierto un tejido social que se deshilacha, donde el narcotráfico se vuelve refugio y condena, y donde las ausencias del Estado se pagan con vidas jóvenes.
¿Qué mecanismos de prevención, alerta y protección fallaron en la vida de estas chicas y de tantas otras? ¿Por qué desde los feminismos decimos que el Estado es responsable?
La antropóloga feminista Marcela Lagarde lo explica con claridad: “Para que se cumplan los principios de dignidad, integridad, igualdad y libertad, la vida de las mujeres no puede estar en riesgo. Es necesario crear condiciones sociales de seguridad que garanticen su protección: la seguridad, la vida, la libertad y la justicia son responsabilidades del Estado”. También señala la evidente feminización de la pobreza: “La explotación es mayor en las niñas y las mujeres debido a la desprotección social, sindical y a la asimétrica organización del trabajo, la doble jornada, la brecha salarial, la explotación infantil y la jerarquía laboral”.
Brenda era mamá de un bebé de un año. Morena vivía con su madre y dos hermanos. Lara, con su abuela. Sus muertes no fueron un hecho aislado: son el resultado de un modelo que expulsa y que, para la mirada de muchos, las convierte, a ellas y a sus familias, en “malas víctimas”.
La población feminizada
Un relevamiento de la Fundación TEMAS, con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani, reveló:
Más del 60% de los hogares en barrios populares tiene jefatura femenina. En muchos casos, las madres son las únicas proveedoras. Tienen que trabajar más horas para sostener el hogar, y la sobrecarga se multiplica. Entre el 50% y el 60% de los hogares tiene al menos un menor a cargo.
Se trata de una población joven y feminizada. Una parte significativa de los hogares apela a recursos complementarios para sostener la vida cotidiana, sobre todo para acceder a alimentos.
La asistencia a comedores comunitarios es elevada: el 41% de los hogares asiste a alguno, con picos del 60% en ciertos barrios.
A su vez, el 74% de los hogares relevados percibe algún tipo de asignación estatal –pensiones, subsidios o programas sociales–, con variaciones entre el 60% y el 90% según el lugar.
Por eso, el ajuste y vaciamiento de las políticas públicas marca uno de los retrocesos más graves de los últimos años. No solo afecta a los programas destinados a prevenir la violencia, sino también a los que garantizan derechos económicos, educativos y de cuidado para mujeres, niñas y adolescente y personas LGTBIQ+. Las consecuencias se miden en vidas más precarias, más vulnerables y menos protegidas.
El cuidado desmantelado
Desde que Javier Milei es presidente, las políticas de cuidado nacionales se convirtieron en un campo arrasado: las que sobrevivieron al ajuste lo hicieron a costa de dejar afuera a miles de personas o de recortar montos. Según el sexto monitoreo de La cocina de los cuidados –un espacio multisectorial coordinado por el CELS, con participación de organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, la academia, legisladoras y funcionarias de distintas fuerzas políticas–, en estos 21 meses de gobierno libertario, de 50 políticas de cuidado que existían cuando asumieron solo tres quedan activas. Y no solo eso: el informe señala que la falta de publicidad de las políticas y el desarme de los equipos que las llevaban adelante terminó afectando la posibilidad de que quienes las necesitan las conozcan y las soliciten.
Entre las pocas políticas que sobreviven esta es la situación:
La Asignación Universal por Hijo (AUH), un beneficio que se volvió fundamental para muchas familias, pero que sigue perdiendo cobertura. Esta suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico, si bien fue la que menos recortes sufrió, achicó su alcance: disminuyó del 76% al 71% de los niños y niñas del país. En el presupuesto 2026 el gobierno nacional quiere eliminar su actualización automática. Es decir, el Poder Ejecutivo podría decidir si lo aumenta o no, cuándo y cómo. Quieren transformar un derecho en un bono discrecional.
La Tarjeta Alimentar, que sostiene la comida en 2,5 millones de hogares con 4,5 millones de chicos y chicas, sigue en 52.250 pesos por un hijo desde junio de 2024. Significa que en un año, perdió más de la mitad de su poder de compra. Para decirlo con sencillez: lo que antes alcanzaba para llenar una mesa, hoy apenas permite completar la mitad del plato.
Respecto del dema alimentario, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, informó que desde el inicio de la actual gestión no se realizó ninguna compra nueva y que solo se distribuyeron los alimentos previamente adquiridos, lo cual muestra a dónde apuntó el ajuste implementado por el gobierno. En el informe del CELS se detalla que las tres líneas de financiamiento sostenidas por el organismo para la compra de alimentos tienen, hasta septiembre de 2025, solo un 28% de ejecución. El otro elemento relevante, es que para la alimentación sostenida por la producción de la agricultura familiar, los programas siguen en cero.
El 63% de quienes cobran el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) son mujeres; muchas de ellas, trabajadoras de espacios comunitarios y comedores. La cobertura del plan (congelado en $78.000 desde enero de 2024) sigue bajando: en los últimos siete meses el universo se redujo de 967.261 a 951.870 titulares. Según CEPA, el poder adquisitivo del programa cayó 21,1 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2024 y 75 si se lo compara con el primer semestre de 2023.
Acceso a la educación
Una de las primeras preguntas que dejó en evidencia el triple narcofeminicidio fue por qué una chica de 15 años no estaba en la escuela. Se trata de un tema crucial, que casi no figura en la agenda política o electoral, y sobre el que es necesario plantear algunos datos para pensar la respuesta:
Aunque la secundaria es obligatoria, el abandono sigue siendo alto: 8,2% en 2023.
El ajuste en educación dejó huellas profundas: en 2025 la inversión nacional fue 50% menor que en 2023 y según el análisis realizado por la CTERA el presupuesto 2026 vuelve a ubicarse muy por debajo de los valores históricos (1,41% en 2023; 1,66% en 2015) con un 0,75% para la función educación y cultura. Por segundo año consecutivo, el gobierno mileista busca suspender la meta del 6% del PBI destinada a educación.
En ese escenario, Progresar es –o era– la política más importante para acompañar a las juventudes. Nació como un apoyo económico y pedagógico para sostener trayectorias educativas de jóvenes entre 16 y 24 años. Hoy su cobertura se desplomó: según el informe del CELS, de 1,7 millones de beneficiarios en 2023 cayó a 726.000 en 2025. Un millón de jóvenes quedó afuera. Las becas están congeladas hace un año y perdieron 55% de su valor real.
Por la merma en la inscripción y los montos desactualizados, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes impulsó el año pasado un amparo colectivo que fue aceptado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que ahora investiga al Ministerio de Capital Humano. La Defensoría también reclamó en un pronunciamiento ampliar la cobertura del programa a los adolescentes de 15 años, la edad más crítica del abandono escolar.
Cuando las escuelas pierden contacto con un estudiante, deben alertar al servicio local de protección, pero esos organismos están colapsados, con pocos equipos y miles de expedientes. En la Ciudad de Buenos Aires, programas como Puentes Escolares intentan revincular a los chicos y chicas con las aulas, aunque cada vez tienen menos recursos y los referentes también advierten que quieren sacarlos de los espacios territoriales.
La CTERA detalla además que el proyecto de ley presentado por el ejecutivo, del presupuesto desaparecen los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles.
Uno de esos programas es el de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA), o Ley Brisa, que reconoce el derecho de hijos e hijas de víctimas de femicidio, travesticidio o transfemicidio –menores de 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad– a percibir una reparación equivalente a una jubilación mínima, junto con acompañamiento y acceso a la salud.
Desde su implementación en 2018 y hasta noviembre de 2023 se tramitaron 2.034 solicitudes, de las cuales 1.659 fueron aprobadas. Según un pedido de acceso a la información realizado por MU, en 2023 hubo 295 solicitudes (se aprobaron 250), en 2024 fueron 221 (solo 71 aprobadas y liquidadas) y en 2025 apenas 34 permanecían en trámite (de enero a mayo). Mientras tanto, la cantidad de femicidios no baja: 204 mujeres asesinadas hasta el 9 de octubre de 2025 según datos del Observatorio Lucía Pérez, y con ellas, cientos de niñas y niños se quedaron sin cuidados parentales, como el hijo de Brenda, parte del universo que esta política debería proteger.
La reducción también alcanzó al Programa Acompañar, que otorga un ingreso a mujeres y diversidades en situación de violencia para favorecer su autonomía. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia obtenidos por MU, mientras en 2023 se brindó asistencia a 102.510 personas, en 2024 solo se otorgó a 3.572. Es decir, una caída del 96%. El traslado del programa tras el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implicó cambios sustanciales: se redujo la duración de seis a tres meses y se exige una denuncia judicial para acceder. A esto se suma el retraso en la evaluación de casos, incluso con denuncias que llevan más de un año sin respuesta.
El exitoso Plan ENIA, creado para prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia, también atraviesa una crisis. Hay varios proyectos en el Congreso que buscan sostenerlo por ley, y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción colectiva para garantizar su continuidad. Según el CELS, a septiembre de 2025 solo se ejecutó el 54,8% del presupuesto (en todo 2024 fue apenas el 20%). Aunque se anunció una compra de anticonceptivos para el último trimestre del año, nada llegó a las provincias. El informe explica que la transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales se hizo “sin planificación, ni mecanismos de transición ni traspaso de recursos”, lo que pone en riesgo la vida y la salud de las personas con capacidad gestante.
A esto se suma el cierre, a mediados de septiembre, de más de treinta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios claves en la prevención de consumos problemáticos, gestionados por Sedronar y organizaciones sociales. El Ministerio de Salud justificó la medida con la existencia de supuestas “irregularidades”, una estrategia repetida en cada una de las motosierras libertarias.
Sin prevención ni resguardo
En el proceso de desmantelamiento de las áreas de género en el Estado nacional se borraron también las políticas que durante años se fueron consolidando buscando prevenir la violencia y acompañar a quienes la padecen. En este caso, el ajuste implicó que miles de mujeres, niñas y adolescentes quedaron sin resguardo.
Ese vaciamiento ya había sido advertido meses antes por la Conferencia Episcopal Argentina, en su documento Si el Estado se corre, avanza el narcotráfico, donde los obispos advirtieron: “Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. La retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.
En el Congreso, la diputada Mónica Macha presentó un proyecto para declarar la emergencia en cuidados por dos años, con el objetivo de restituir 31 políticas públicas y actualizar las partidas presupuestarias. El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo, refuerza esa urgencia y obliga a los Estados a asumir su responsabilidad indelegable.
Cuando la pobreza, la desocupación y la precarización son una constante, las desigualdades estructurales permiten que las redes narco usen a las mujeres como piezas descartables.
En muchos casos, la prostitución crece de la mano de la droga. El narcotráfico ofrece trabajo rápido y paga bien; en los barrios lo dicen sin rodeos: es imposible competir con eso. La disputa por el territorio es brutal. Las capas profundas de la desigualdad hacen sus estragos. Los espacios comunitarios intentan resistir: alimentan, cuidan y acompañan. Pero no alcanza. Como no alcanzó para proteger a Morena, Brenda y Lara.
Fuente: https://lavaca.org/mu208/motosierra-y-triple-femicidio-el-ajuste-con-perspectiva-de-genero/
