Alerta roja: informe sobre los canales de denuncia de violencias 

El 8 de abril de 2020, a pocos días de iniciado el aislamiento social obligatorio, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta fue invitada a exponer ante la Banca de la Mujer del Senado de la Nación para informar sobre las medidas dispuestas por el Estado para prevenir el impacto de esta medida sanitaria en las mujeres víctimas de violencias.  En su extensa declaración, la ministra detalló dos medidas concretas: la declaración de la línea 144 como “servicio esencial” y la campaña barbijo rojo.

El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado Nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020.

Los canales actuales

El Estado Nacional tiene tres líneas de atención a víctimas de violencia, aunque promociona solo una:

La línea 144, creada a partir de la sanción de  Ley 26.485, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con dos excepciones: Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Esto implica que cualquier llamado recibido desde otras provincias es atendido por el centro de operaciones que funciona en CABA, que clasifica el caso y deriva la consulta a los recursos disponibles en el territorio donde  se origina la demanda.

Una consecuencia de la organización de la línea 144 la sufren los datos que suministran las fuentes estatales y, por lo tanto, deben considerarse oficiales. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó en junio un aumento del 48% en las denuncias recibidas por esa línea durante la cuarentena, el Ministerio de Mujeres reportó un aumento del 29%. La diferencia en las cifras se explica en la multiplicidad de canales para denunciar violencia que hay a lo ancho y largo del territorio nacional. Un ejemplo: la provincia de Santa Fe implementó  el Teléfono Verde y una línea de Whatsapp. El Teléfono Verde recibió, en abril de 2020,  un promedio de 25 consultas  por cada día de aislamiento, pero en mayo las llamadas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita. Se trata de la provincia que registra mayor cantidad de femicidios desde que se llevan registros y en la que en cinco ciudades (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 denuncias de violencia de género durante el primer mes de cuarentena: desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año.

Este año, además, quedó expuesto públicamente un dato alarmante: las trabajadoras que atienden la línea 144 denunciaron que ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. A la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen se sumó un atraso en el pago de los haberes. Por eso en mayo realizaron un paro para visibilizar la situación, con  el riesgo que implicó abandonar esa tarea que fue considerada esencial en el contexto de la cuarentena.

La línea 137 depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Según explica su directora. Eva Giberti, es federal y “es suficiente marcar su número y las profesionales y los choferes policías llegarán dispuesto/as a enfrentar  violencias y acompañar a las víctimas”.   No hay información oficial sobre cuántas intervenciones realiza este programa.

En los hechos, ante una emergencia la línea a la que se pide urgente intervención es la 911, que conecta con la policía. Este año por primera vez se difundieron los datos sobre cuántas intervenciones realizó la línea 911 por casos de violencia de género durante la pandemia: recibió un total de 127.812 llamadas. Se trata, nada menos, de los casos más graves y de la demanda más urgida, que al sistematizarse podrían ofrecer  una cartografía de prevención mucho más certera que la que brindan los datos parciales de la línea 144.

Nuestro informe de junio reiteró: “Es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingreso de denuncias que al no centralizarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el aislamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos”.

El cambio histórico

En noviembre, el Estado argentino anunció por segunda vez la creación de un sistema unificado de denuncias por violencia de género.

La primera fue en abril de 2019, cuando a través de la  Resolución 351/2019 publicada en el Boletín Oficial  el 23 de abril de 2019,  creó el sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género (SIVIOGEN), dependiente del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la ministra Paricia Bullrich. La resolución destaca en su primer objetivo que se propone “articular las bases de datos, diversificar y consolidar fuentes de información, como también coordinar, estandarizar e interoperar las diferentes bases”.

El segundo anuncio de lo mismo fue este año a través de la Resolución 408/2020, que comienza citando a la anterior –cuya implementación y resultados nunca fueron informados- para crear el Sistema Único de Registro por Violencia de Género (URGE), también dependiente del Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de la ministra Sabina Andrea Federic.

La resolución reconoce que el Estado Nacional nunca creó la herramienta informática necesaria para hacer efectivo el sistema centralizado que anunció y promocionó Bullrich en los medios, y ordena a la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa que realice “el seguimiento de la implementación” de esta resolución.

A partir de ahora que así sea, entonces, es responsabilidad de la titular del área, la doctora Silvia La Ruffa.