El legado de Lucía
La lucha de la familia de Lucía Pérez demuestra que la movilización social es la única forma de motorizar cambios, de lograr justicia y de garantizar derechos. Los Paros de Mujeres, el fallo misógino, la denuncia permanente. Datos y fotos de todo lo que deben hacer las familias, y lo que marcan como horizonte: el fin de la impunidad.
El 26 de noviembre de 2018 los jueces del Tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata dictaron una sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, juzgó a la víctima y la condenó en base a prejuicios: argumentaron, por ejemplo, que “tenía carácter fuerte” para suponer que la violenta actividad sexual que describe la autopsia fue consentida. Lucía tenía 16 años. Su condición de adolescente obliga al Estado a tutelar su intimidad, entre otros derechos.
Un día después, Marta Montero –mamá de Lucía– y Matías Pérez -el hermano– llegaron en micro por primera vez a Buenos Aires para encabezar una marcha que partió de Congreso con ocho personas y llegó a Plaza de Mayo con diez cuadras detrás. Se transformó así en el segundo paro nacional de mujeres. El primero lo había provocado la noticia del femicidio de Lucía.
Unos meses después, 24 diputadas y diputados nacionales presentaron el pedido de juicio político a los jueces responsables de aquel fallo aberrante: Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. Así se inició el proceso del jury o juicio politico.
Todo lo que implicó ponerlo en funcionamiento describe claramente qué dificultades deben superar las víctimas para obtener justicia.
Dos años después de iniciado el proceso nada había avanzado, por múltiples causas, todas complejas y difíciles de superar:
La mayor parte de los legisladores que impulsaron el jury ya habían terminado su mandato.
Para que avanzara el trámite era necesario hacer un depósito cautelar de 250 mil pesos. La familia logró que la Secretaria de Derechos Humanos lo cubra. Cuando la presentaron ya no era necesario: el Procurador General había decidido participar del proceso como acusador, y en ese caso ya no es requisito el depósito.
La Comisión Bicameral bonaerense encargada de aprobar o no el inicio del jury no se reunía ni designaba miembros del Jurado de enjuiciamiento desde hacía cinco años. Había entonces que impulsar que se convocara a esa Comisión a sesionar y que, además, se tratara como tema del día el jury a los jueces del caso Lucía, entre todos los que estuvieron esperando estos cinco años.
La presidencia del jury sumó otra demora: debe ejercerla el presidente de la Corte Suprema bonaerense, quien se excusó: fue quien firmó la resolución que anuló el fallo dictado por estos jueces y convocó a un nuevo juicio penal. Asumió entonces la vicepresidente de la Corte, Hilda Kogan.
En el camino el juez Aldo Carnevale logró jubilarse, beneficio que le otorgó la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal
Finalmente se logró la audiencia que admitió los cargos, suspendió a los jueces y les recortó un 40% el sueldo, hasta que se fije fecha del jury. Ocurrió este noviembre de 2021: que se concrete llevó tres años.