¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace.
POR CLAUDIA ACUÑA
Cifras.
Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 251 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año.
La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual nos advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo.
El objetivo, nos alerta Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.
Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada.
“Los negacionistas –que operan como dobermans del pensamiento– que nos preguntan por una cifra –¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura argentina?– no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas”.
Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos.
“Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.
¿Por qué?
Responde Di Cesare:
“Porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.
¿Hay entonces 251 femicidios y transfemicidios?
Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.
Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios, el Estado está confesando su participación.
Veamos cómo.
La máquina
En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecúen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado.
Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:
Poder Judicial
Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos –el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos–, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres.
No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención negacionista.
En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el femicidio de Julieta González, el primero que llega a esa instancia. Y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.
Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza.
En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de la joven en su vehículo y búsquedas en Internet que había hecho el sospechoso sobre si podía “detectar ADN de fetos en cadáveres” y “cómo deshacerse de un cuerpo”, lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada.
Todas pruebas que involucraron a Andrés Di Césare, un joven de 26 años, hijo de un poderoso empresario local, con el que Julieta tenía una relación, aunque ambos tenían pareja.
El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Césare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. La defensa apeló y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no.
La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario.
En el fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que:
“para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”.
También se dedicó –como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden– a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.
El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.
Poder Legislativo
Tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, un cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existe, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias.
Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.
Poder Ejecutivo
Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024.
No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo solo a través de las carátulas judiciales implicaba validar el sesgo.
Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género solo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones.
En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.
Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación– las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy.
En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.
Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres.
Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación:
“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo”.
Y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población.
La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida.
Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar esta causa.
