La lucha familiar logró que se asignara un nuevo fiscal y se espera que la causa vuelva a tomar impulso, después de un juicio que intentó inculpar a un perejil, con connivencia judicial. El rol del hombre que le alquiló la casa a la joven. Los rastros de sangre que jamás fueron investigados. Y las claves para dar vuelta la injusticia.
“Dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces”, reza un refrán popular. La ciudad de Córdoba es conocida históricamente como “la Docta” gracias a su universidad fundada en 1613 por la orden jesuítica y que fue durante más de dos siglos la única del país y una de las primeras de América. Los primeros graduados y la tradición en leyes nació aquí, y es un orgullo esencial del cordobesismo.
Hoy, mientras tanto, Susana y Daniel Basaldúa realizan su viaje número 12° a la capital cordobesa desde la muerte de su hija Cecilia en 2020. Aún ninguno de esos kilómetros recorridos los acercó a la justicia de la que presume.
Es 6 de diciembre de 2023 y nuevamente se reúnen en el Palacio de Tribunales con el fiscal general, Juan Manuel Salgado, porque la investigación por el femicidio de Cecilia no tiene imputados y antes del encuentro con Salgado, tampoco tenía fiscal asignado. El cuerpo de Cecilia – de su hija- espera en una morgue hace tres años y medio una investigación seria para esclarecer su muerte.
Recapitulemos:
Cecilia desapareció el 5 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba. Había llegado en el mes de marzo con el objetivo de escribir un libro sobre sus viajes por Sudamérica. Allí la sorprendió la pandemia. Días después, dejó de comunicarse con su familia.
Su cuerpo apareció 20 días después en un codo de río con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Sus padres habían llegado a Capilla del Monte el día anterior al hallazgo para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos, a cargo de la fiscal Paula Kelm.
Desde entonces todo fue manipulado: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado.
Fue Mainardi quien se tomó licencia días antes de denunciar la desaparición, regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes, y en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-. Se sabe que Mainardi borró los mensajes de su celular, pintó la casa y se mudó repentinamente a Rosario.
En 2022 se realizó un juicio que tuvo como único imputado a Lucas Bustos, un joven poblador rural de 23 años sobre el cual no pesaba ninguna prueba más que una confesión lograda a base de amenazas y golpes por parte del personal policial.
Debido a esto, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó constituirse como parte querellante en el juicio.
Se logró la absolución de Lucas y en los Tribunales de Cruz del Eje quedó expuesto el bochornoso rol de la fiscalía: la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. Una investigación que no fue tal, cerrada demasiado pronto.
Con la absolución de Lucas en julio de 2022, vino la orden de reabrir la investigación por el femicidio de Cecilia. Acá estamos.
Garantías de impunidad
Según indican los libros y manuales de derecho, la instrucción es la instancia destinada a averiguar un determinado hecho delictivo y las circunstancias que lo hayan rodeado, con el fin de preparar el juicio oral. Desde que Lucas fue absuelto y se dio la orden de una nueva instrucción pasaron 17 meses en los que la investigación no avanzó. Esa inacción habla de cómo se está moviendo el Poder Judicial en su conjunto en el caso de Cecilia.
Dos meses es lo que se tardó en trasladar la causa, radicada originalmente en Cosquín, en llegar a la Fiscalía de Cruz del Eje. Si una persona cubriera esa distancia de casi 90 kilómetros caminando tardaría poco más de 20 horas. Esos meses de julio y agosto del 2022, entonces, nada.
El Fiscal Sergio Cuello, quien sostuvo la acusación en el juicio contra Bustos, expresó en el momento de los alegatos finales: “Me encantaría tener un ADN positivo, sangre, huellas. En la escena, no había ni un yuyito, el paso del tiempo llevó a eso, borrando huellas. No hay otra prueba, señores del jurado, que las que he intentado resumir. Me encantaría como fiscal tener otra prueba, pero no la hay”. Acto seguido pidió la reclusión perpetua para el acusado aún consciente de que no contaba con el material probatorio que sostuviera la imputación, mucho menos para una condena de ese calibre. Cuello solicitó luego, en agosto de 2022, impugnar la sentencia -unánime por jurado popular y dos jueces técnicos- a través de un recurso de Casación.
El doctor Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, fue el primer fiscal de este período pos juicio bochornoso; en septiembre de 2022 comienza a ejercer su rol ya que en noviembre estaba tomando una licencia ¿Quién lo reemplazó ese tiempo? Paula Kelm, la fiscal sospechada del encubrimiento en el primer proceso.
La familia Basaldúa realizó una presentación para que dicha fiscal no se acerque a la nueva instrucción. Enero, feria judicial. Febrero, Barrera retoma actividad e insiste en mantener la línea de investigación propuesta por Kelm, sostenida por Cuello.
En marzo se ordenó una autopsia psicológica -continuando la versión de Mario Mainardi quien declaró que Cecilia abandonó su casa en un supuesto “brote psicótico”- a la familia Basaldúa. Esta orden, sin embargo fue recibida por Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, recién en octubre, es decir siete meses después y una vez ya jubilado el doctor Barrera.
Sin fiscal asignado en la causa desde que se jubiló Barrera en agosto, Pavón, junto a su colega Gisella Videla, y el abogado por la Secretaría de Derechos Humanos, Gerardo Battistón, se reunieron el pasado mes de octubre con la Dirección de Investigación Operativa (DIO), apéndice que coopera en la investigación penal. Le solicitaron expresamente en esa instancia que se investigue al personal policial interviniente en la búsqueda de Cecilia y en los momentos de la aparición del cuerpo en Capilla del Monte, de los cuales: Ariel Zárate (ex subcomisario) se encuentra en la cárcel cumpliendo condena por abuso sexual calificado, amenazas, lesiones y privación de la libertad; Adrián Luque (ex jefe de Capilla del Monte), desplazado y con 3 denuncias de violencia de género; Diego Bracamonte, desplazado por la muerte en comisaría de Jonathan Romo, un hombre de 35 años que anteriormente ya había estado hospitalizado por una fuerte golpiza por parte del personal policial; en aquella ocasión, había hecho una denuncia: a cargo de la investigación estaba Paula Kelm.
Tres semanas después de este pedido, en Capilla del Monte se inicia un incendio en el basural local, fuego que permanecerá en la zona durante dos semanas. A pesar de no encontrarse contigua, la casa que se había pedido que fuera investigada por ser potencial escenario del crimen de Cecilia, arde también.
Crear justicia
La trama que sostiene a la familia de Cecilia en este tiempo se basa en lo opuesto a lo expuesto más arriba: la sensibilidad, la solidaridad y la empatía. La justicia es construida por quienes participan y construyen actuaciones que no salen de la oficina de fiscalía.
Aprendizajes y propuestas para crear justicia:
Hacer cuerpo: la familia de Cecilia no está sola. La acompañan colectivos y activistas feministas y de Derechos Humanos. Cuando ingresaron a la última reunión con el fiscal general llevaban casi tres mil firmas con la petición de que se asignara un fiscal para la causa de manera urgente. Lo lograron: la causa ya tiene nuevo fiscal asignado, el doctor Nelson Lingua, quien comenzará su trabajo el 1° de febrero de 2024 al retornar de la feria judicial.
Lo innegociable: sobre lo que no hay concesiones: no hay lugar para poner en duda a la víctima. “La autopsia psicológica no se va a realizar” le indicaron al fiscal general de la provincia. No van a aceptar que la línea de investigación sea la que propuso el principal sospechoso y se sostuvo durante el juicio. Hay que investigar a Mario Mainardi y al cuerpo policial interviniente, sostiene la familia.
Intención: Ir incansablemente hacia el pueblo donde fue desaparecida y asesinada Cecilia. Daniel y Susana se mantienen cerca, aunque vivan en Capital Federal. Es aquí donde la confianza, la cercanía y la sensibilidad deben romper el temor y el silencio para que de la comunidad surjan más testimonios de lo que sucedió con Cecilia.
Inteligencia colectiva: Forman parte de Familiares Sobrevivientes de Femicidios, una red de alcance nacional, con quienes comparten experiencias, información, estrategias, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado. Asimismo con las familias que sus casos coinciden en el señalamiento a los policías de Punilla y la fiscal Kelm.
Ritmo: Consistente, presentar escritos, solicitudes, audiencias y reuniones. Al tiempo judicial se le apura y se lo señala. El fiscal general expresó que solicitará avances mensualmente al nuevo fiscal asignado. Ese ritmo es al que desde ahora se le estará tomando pulso, también desde la calle.
Remoción: El pedido de juicio político a la fiscal Paula Kelm para que sea removida y que la trama de impunidad se rompa. ¿Será?
De este este modo, Daniel y Susana, y su cuerpo ampliado sostienen y encauzan la lucha por la verdad y la justicia. Para hacerlo toman una frase de su hija: “Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo”.