Entre cientos de inmuebles y autos de lujo, un clan narco con conexiones en tres países era el propietario de lo que ahora es la Casa de Lucía. Condenados sus integrantes, sus bienes fueron embargados y una casa marplatense asignada a la familia Pérez, que lucha precisamente contra los narcofemicidios de la ciudad. Una historia ¿increíble?
En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “clan” tiene dos acepciones:
“En Escocia, conjunto de personas unidas por un vínculo familiar”.
“Grupo predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista”.
No fue en la tierra de William Wallace donde comenzó esta historia, sino en la de Güemes: Salta. Y un comienzo posible data del 16 de noviembre de 1978 día en el que en esa ciudad nació un bebé llamado Erwin Raúl Loza.
Nada hacía suponer que, cuarenta y tres años después, la acepción de “clan” estaría vinculada a su apellido, ni que los fuertes vínculos familiares con tendencia exclusivista tendrían otros condimentos que están mucho más acá de cualquier serie por streaming:
Un financista asesinado en Quilmes.
Jubilados como mulas.
La Ferrari de Maradona.
La Casa de Lucía.
Erwin, alias “El Nene”, fue condenado a diez años de prisión en 2021 como jefe del “clan Loza”, una organización que entre 2008 y 2018 compró casi 200 inmuebles y vehículos para lavar más de 800 millones de pesos del tráfico de drogas a Europa. Entre esos bienes, figuraba la casa de Alvarado al 4500, en Mar del Plata.
Este inmueble ahora asignado a la familia de Lucía Pérez había pasado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tras el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer uso de la “extinción de dominio” como instrumento jurídico, para recuperar así bienes que fueron producto de una actividad delictiva como, en este caso, el narcotráfico.
La conexión entre el narcotráfico y la muerte de Lucía Pérez no es un hecho aislado ni casual en Mar del Plata.
The boss
El hilo de la investigación que llevó a Erwin a la cárcel empezó en noviembre de 2017 cuando detuvieron, en el Aeropuerto de Ezeiza, a dos personas del clan provenientes de Madrid: intentaban ingresar al país con tres valijas con 365.800 euros ocultos. Así se desató un ovillo internacional con el despliegue de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia, que permitió identificar a los integrantes y la operatoria de la organización. El equipo también incluyó a la Gendarmería, la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, la AFI y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Toda la tropa dispuesta a la investigación del clan Loza.
Finalmente en distintas causas fueron detenidas 42 personas en los tres países sospechados. En España, por ejemplo, hay un proceso por un traslado de 1.200 kilos de cocaína en Granada. En octubre de 2017 la policía española secuestró un cargamento de 530 kilos en Almuñecar (Granada) y otro de 612 kilos enterrados en una casa en Zarautz (País Vasco). En Italia, en el puerto de Savona, la banda se había olvidado un kilo de cocaína en un hueco de refrigeración en un contenedor de fruta que venía de Perú. En el país latinoamericano también se secuestraron 3.500 kilos de cocaína y fueron detenidas 18 personas.
En el juicio argentino, el fiscal auxiliar de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matías Álvarez, estimó que el kilo de cocaína en la frontera norte de Argentina tiene un precio de entre 3.000 y 5.000 dólares. Su valor mayorista en Europa no baja de 27 o 28 mil euros el kilo, diez veces más que su valor en Bolivia. La venta al menudeo, precisó, puede llegar a 60.000 dólares el kilo. Por este flujo de dinero, las ganancias del clan se estiman en no menos de 5 millones de euros.
Para canalizar todo ese dinero, y poder comprar y vender todos los bienes, utilizaron sus propios nombres (con datos falsos en declaraciones juradas) y sociedades vinculadas a ellos: Inversora Salteña S.A., Uruguay Parking S.A., Aguamarina S.A., La Casona de la Linda S.R.L., Automóviles The Boss S.A., BM Materiales S.A., Ervin Nacho Operaciones Inmobiliarias S.A., etc. En función de esta estructura los fiscales detectaron una profusa lista de inmuebles comprados en CABA, Villa Madero (La Matanza), Del Viso (Pilar), San Isidro, estancias como “Las Marías” en San Pedro, y también en Salta, donde además poseen hoteles. Hay casas en countries de Máximo Paz (Santa Fe), casas en Mar del Plata. También cocheras: hay una para 95 autos en Uruguay al 100, pleno microcentro porteño.
En otra de esas cocheras, ubicada en la calle Humberto Primo, en el barrio porteño de San Telmo, la Unidad Antidrogas de Gendarmería Nacional encontró la Ferrari F335 Spider Roja con la que Diego Maradona llegaba a Boca a entrenar en 1997. Según el periodista Federico Fahsbender, esa Ferrari siguió su camino: la compró una empresa de La Plata, luego una firma inmobiliaria en Lomas del Mirador, fue subastada en Mercado Libre llegando a un precio de 670.000 dólares, hasta que en 2009 fue registrada en un lote de San Patricio del Chañar, en Neuquén, sin calle ni número. Su titular era una empresa fundada un año antes con un nombre –ahora sí– de serie: Automóviles The Boss S.A.
En los papeles, la empresa se dedicaba a la compra y venta de autos, y en el Boletín Oficial aparecía Erwin Loza, empresario salteño, como su dueño. Había comprado esa cochera en 2011 junto a su mujer, Clara Fernández, por 2,7 millones de pesos a través de otra firma, Inversora Salteña. El dinero, en los papeles, figuraba producto de la venta de otros inmuebles en La Matanza. Clara Fernández ocultó la propiedad a la AFIP hasta el sinceramiento de 2017, y su esposo se la transfirió en 2017 para que la explotara como estacionamiento. Fernández ya representaba a otra firma, Uruguay Parking.
Erwin estaba autorizado a manejar la Ferrari por cédula azul, pero el mítico vehículo nunca fue declarado al fisco. Tampoco en declaraciones juradas o blanqueo de capitales.
Erwin, the boss, fue detenido horas después del hallazgo. Estaba en su mansión de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. En la cochera porteña había un Chevrolet Camaro 2013 comprado en 2017 con 300.000 pesos en efectivo. También un Ford Mercury modelo 1973. Googlear las fotos de estos modelos es un buen ejercicio para el asombro.
Clara Fernández también recibió pena en la condena de 2021: 5 años de prisión.
Águilas, pastores & buchones
Erwin tenía otros dos hermanos.
Valdemar, el mayor, fue condenado en 2019 a 15 años, pero hacía dos que ya estaba preso porque había sido detenido en un galpón de Tapiales (La Matanza, otra vez) con más de una tonelada de cocaína por un valor de 6 millones de dólares. Ese operativo se denominó “Ave Rapaz” porque el logo impreso en los ladrillos de droga tenía el dibujo de un águila. Otro detalle: once oficiales de la Policía Federal terminaron procesados por robarle a Valdemar entre 600 y 800 mil dólares de una caja fuerte en uno de los domicilios que le allanaron.
José Gonzalo, el hermano del medio, también tenía peso de líder del clan. Murió el 6 de noviembre de 2019 en el Hospital Xanit de Málaga, donde estaba internado por sufrir un cáncer de esófago. No sabía que, en otra de sus internaciones en un hospital de Madrid, todas sus conversaciones se escuchaban por micrófonos ocultos en su habitación.
Otro factor clave para determinar la estructura del clan fue la declaración del financista Diego Xavier Guastini, 45 años. Fue identificado como el “lavador” de los Loza. Contador, en diversos papeles figuraba como empresario, con domicilio fiscal en Ezpeleta (Quilmes), y aparecía en el Boletín Oficial en directorios de varias empresas que iban de la ganadería al turismo. Figuraba, también, en una firma de “consultores informáticos de Monte Grande”, en el municipio de Esteban Echeverría. En septiembre de 2019, firmó un juicio abreviado con otros nueve imputados por ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado por la intervención de tres o más personas y el manejo de dinero de origen desconocido. El juicio sintetizó más de diez causas y la pena fue llamativa: tres años en suspenso. El proceso dejó al descubierto la trama de una operatoria más que interesante.
Guastini reconoció que usaba un sistema de “mulas” con hombres de entre 40 y 60 años, todos con domicilio en la zona sur del conurbano bonaerense, y para no generar sospechas en chequeos aleatorios de Ezeiza, la estructura incluía a jubilados. Una de las primeras acusaciones es del 26 de octubre de 2013, cuando detuvieron a dos hombres provenientes de un vuelo de Roma con 169 mil euros ocultos entre la ropa de la valija. Dos cuestiones llamaron la atención de los oficiales. La primera, obvia, que el monto superaba el máximo permitido por AFIP. La segunda: no coincidían los perfiles comerciales de quienes traían los billetes: uno tenía 50 años, era de Florencio Varela, beneficiario del plan Garrafa de la ANSES, y había declarado ser evangelista y panadero. No fue la única rareza: en diciembre de 2012, dos pasajeros de un vuelo desde México fueron detenidos con 689 mil dólares entre sus calzones y camisas. Uno era un jubilado, el otro era un comerciante.
El juicio no dio cuenta del origen del dinero ni tampoco del proceso de selección de las mulas, pero sí permitió saber, por ejemplo, que Guastini también había llegado a Ecuador con contratos de donación falsos. También se ve la sombra narco con la participación de Pablo Portas Dalmau, otro de los imputados de esa banda, que está involucrado en la causa “Narcogolf” (cayeron en el Olivos Golf Club) por querer ingresar dinero desde México.
Acorralado en diversas causas, Guastini decidió ser “imputado colaborador” de la justicia. Fue filmado en una sede de la PROCUNAR en 2018. Sus relatos se distribuyeron en cinco audiencias con sesiones de hasta cinco horas, fueron precisos y sirvieron como prueba para cinco causas, entre ellas la de los Loza. Del clan, se refirió precisamente a Erwin.
Un sicario a mató Guastini de tres disparos en la madrugada del 28 de octubre de 2019, a metros de la Municipalidad de Quilmes, mientras manejaba su Audi A4. Entre los miembros de la banda acusada por su asesinato, está el sargento de la Policía Bonaerense Adrián Baeta, uno de los principales operadores en el falso operativo llamado “Leones Blancos”, de 2013, promocionado entonces como un exitoso golpe al narcotráfico. Por esa causa cayó el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan porque la verdad era más compleja: el anuncio fue que habían detenido a seis personas con 600 kilos de cocaína, pero en realidad eran 1.200. La mitad de ese cargamento quedó en manos de una “asociación ilícita” que integraban unas 50 personas, entre policías bonaerenses, abogados, financistas y operadores del Poder Judicial.
Según Página 12, la operación se gestó cuando unos narcos colombianos se acercaron a Guastini para cambiar una suma grande de dólares por euros. Por ellos se enteró de una jugosa operación para adquirir 1.200 kilos de cocaína. El financista, apodado “Dolarín”, le pasó el dato a sus policías amigos de Quilmes, y con la ayuda de Scapolan, hicieron el resto: le frustraron la operación a los colombianos, se llevaron los aplausos por el “exitoso operativo”, y se quedaron, de yapa, con la mitad de la cocaína secuestrada.
Por esas razones, las hipótesis del crimen de Guastini son múltiples.
También, los alcances de sus declaraciones.
Su video delator se transmitió en el juicio del Clan Loza, pero él ya estaba muerto.
Radiografía del clan
El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 dio a conocer las penas al Clan Loza el 2 de diciembre de 2021. Además de Erwin (10 años) y su esposa Clara (5 años), también recibieron condenas:
William Weston Millones, 8 años: organizador, de nacionalidad peruana, era el nexo con proveedores del Cono Sur y los transportistas hacia Europa. Viajaba con un pasaporte chileno falso bajo la identidad de Traico Ilich Ilich.
Gerardo César Guccione, 7 años: era asistente de los Loza. Participó en negociaciones con otros grupos y administraba parte de las ganancias. En noviembre lo detuvieron en su casa de San Fernando, mientras se hallaba en libertad condicional. El operativo se dio en el marco de Interpol porque España quiere extraditarlo por el tráfico de drogas en ese país.
Gonzalo Daniel Junior Loza, condena a 6 años: es sobrino de Erwin e hijo de José Gonzalo. Era el sucesor del negocio, y se encargó de muchas de las operaciones en España mientras su padre estaba internado. Sospechaba que la habitación estaba “pinchada”, pero quedó grabado cómo su papá le explicaba el funcionamiento. Como Guccione, fue detenido en su casa de San Isidro: también piden por su extradición.
Estela Marí Gallo, 6 años: en el fallo por extinción de dominio aparece como la titular del inmueble que, hoy, es la Casa de Lucía en Mar del Plata.
Américo Alfredo Santi, 4 años y medio: acusado del lavado de activos junto con Millones.
Juan Carlos Fernández, 4 años y medio. Facilitó su nombre y firma para la compra de muchos de los bienes.
Eduardo Javier Silveira López, 4 años. Muchos vehículos figuran a su nombre.
Alan Daniel Loza, 4 años: otro de los hijos de José. También figuran a su nombre varios de los bienes muebles e inmuebles comprados con plata del lavado
La conexión
Los jueces detallaron sus comprobaciones: “La organización ilícita instrumentaba maniobras de tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España de clorhidrato de cocaína), contrabando de divisas desde Europa hacia el país y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades ilícitas precedentes. Las acciones para dar apariencia lícita a esos fondos eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias”.
También: “No tenemos aquí solamente inconsistencias fiscales o contables. Además, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotráfico adquiriendo, a través de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentación respaldatoria suficiente ni consistente”.
Además de Italia y Perú, también comprobaron que los vínculos y los nexos van desde Colombia y Bolivia hasta Inglaterra e Irlanda.
Toda esta historia, con muchos giros que detallados en miles de fojas, es la que antecede a la puesta en valor de la Casa de Lucía como una referencia territorial única: de una casa comprada con dinero de “lo narco” a una casa recuperada por una familia.
“Lo narco” aparece en la causa de Lucía Pérez tanto en la venta minorista que llevaba adelante Farías, uno de sus femicidas, como los tentáculos que conlleva el apellido de Offidani en el crimen; conexiones jamás investigadas por la justicia, que condenó a ambos por el femicidio y su encubrimiento, y consideró el rol de estos hombres como vendedores de drogas como uno de los agravantes para mostrar la asimetría con la joven de 16 años.
Entre los carteles, el lavado y Europa, nace la Casa de Lucía, que hoy empieza a transformar esa historia y escribir su propio futuro.