Una seguidilla de femicidios y travesticidios volvió a poner a las mujeres y diversidades rosarinas en alerta. Mientras las organizaciones denuncian retrocesos en las políticas territoriales y reclaman presupuesto, acompañamiento y prevención, la violencia de género adquiere una dimensión particular cuando se cruza con la narcocriminalidad. Las voces de quienes sostienen las redes en los barrios.
por Evangelina Bucari
Sophia. Débora. “La Gaby”. Carina. Mariana. Camila… Con bronca y dolor Liliana Leyes repasa algunos de los nombres de las últimas mujeres y disidencias víctimas de femicidio en Rosario, la ciudad santafecina más golpeada por la más extrema de las violencias patriarcales. “Sophia Civarelli era una estudiante de Psicología, Débora Bordón era trabajadora sexual y estaba ejerciendo su trabajo cuando fue víctima de femicidio, “La Gaby” (Gabriela Banach) era compañera militante trans y con quien estábamos trabajando en un proyecto de viviendas”, reconstruye la integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y Secretaria de Género de ATE Rosario. Y sigue: “Luego vino el femicidio de Carina Candelas, que era trabajadora de una farmacia. El femicida que era su expareja entró y la asesinó delante de todas; el de Mariana Di Paolo que era una compañera que vivía en Villa Gobernador Gálvez, y había hecho la última denuncia dos días antes; y ahora Camila Vecchiarello, una chica rosarina que estudiaba para gendarme y fue asesinada por su pareja”.
La emergencia no quedó en agosto. Pero fue entonces cuando una seguidilla brutal encendió todas las alarmas: Débora, Gabriela y Carina fueron asesinadas en apenas quince días y la provincia alcanzó el doble de femicidios que la media nacional. Fue entonces cuando la Asamblea Lesbotransfeminista, sindicatos y organizaciones sociales volvieron a las calles bajo dos frases que condensaron el diagnóstico: “Nuestras vidas están en emergencia” y “Paren de matarnos”. El reclamo tuvo destinatarios concretos: el intendente rosarino Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro. Semanas después, el femicidio de Camila volvió a reunirlas en una nueva marcha.
“Cada uno de los femicidios para nosotras cuentan, las vidas de las compañeras son valiosas. No lo naturalizamos. Y la forma de expresarnos es salir a la calle”, afirma Leyes. Y resume la lectura que hacen desde las organizaciones: “Para nosotras la cifra no bajó y además la crueldad subió”.
El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registró 31 víctimas en Santa Fe hasta mediados de septiembre, 20 corresponden al departamento de Rosario. Al 9 de septiembre informó 35 femicidios y 64 intentos, frente a 24 y 41 respectivamente en el mismo período de 2025.
“El número permite mostrar que no estamos frente a episodios excepcionales, sino frente a una violencia con una dimensión estructural”, explica Majo Poncino, militante del Movimiento Evita y también integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista. Y advierte que los femicidios son “el desenlace más extremo” de violencias que muchas veces no fueron identificadas a tiempo.
Lo que plantea Poncino es la pregunta que atraviesa buena parte de los reclamos en todo el país. Porque hay mujeres que no llegan a denunciar y otras que sí lo hacen, pero se encuentran con un sistema que no logra responder a tiempo y arrasado por la motosierra libertaria en materia de género.
“El Estado no llega al territorio de la manera que sea”, alerta. “Tenemos los dos casos –detalla–, en lugares donde la mujer no se anima a denunciar por un montón de elementos y motivos y lugares donde la mujer denuncia pero falla el sistema y efectivamente sucede el hecho más extremo que es el femicidio”.
Para la referente del Movimiento Evita, la política debe ser territorial, permanente e integral en “un contexto donde la mayoría de las mujeres o tiene un pluri empleo o no tiene laburo”. Y agrega una condición básica: “Ninguna política pública es efectiva, si no tiene un recurso, un presupuesto destinado para el ejercicio y la ejecución de esa política”.
Las organizaciones reclaman saber cuánto dinero se destina a género, sexualidades y violencias; cuántas personas son atendidas; cuál es el impacto de las políticas; recuperar un programa de acompañamiento económico; crear consejerías y consultorías en los barrios; hacer campañas de prevención; reforzar equipos interdisciplinarios; restituir promotoras territoriales e implementar efectivamente la Educación Sexual Integral (ESI).
Para Leyes, la retirada de los dispositivos barriales dejó algo muy concreto: soledad. “Las comisarías acá no son los lugares donde uno tiene que ir a denunciar. Existen los centros territoriales de denuncia, pero los fines de semana están cerrados”, explica. Y marca una dimensión que no suele entrar en las estadísticas: “Estamos hablando de femicidios, pero antes del femicidio hay miles de compañeras que están transitando situaciones de violencia e intentos de femicidio”.
Además, aparece otro factor. Casi la mitad de las víctimas santafesinas registradas durante el año fueron asesinadas por parejas o exparejas; pero en otros casos, cinco según el padrón del Observatorio Lucía Pérez, se identifica como autores a sicarios.
Este dato abre otra trama de la violencia patriarcal en Rosario. Una que durante años quedó subsumida bajo expresiones como “ajuste de cuentas”, “violencia narco” o “disputa territorial”: las muertes de mujeres que se producen en contextos de criminalidad organizada.
“Creo que lo importante es entender que en estas economías ilegales, las criminales, las atravesadas por el narcotráfico, tienen una dimensión de género”, explica Poncino. “El narcotráfico –agrega- no es solamente una estructura que disputa el territorio y que tiene un factor económico muy fuerte que genera homicidios, sino que también construye o produce relaciones de poder sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres”.
El cuerpo es el mensaje
En Femicidios, narcotráfico y Estado, el libro del Observatorio Lucía Pérez editado por la cooperativa lavaca, se propone la categoría de “femicidios territoriales” para mirar aquellos crímenes que no se explican desde los vínculos de pareja o intimidad, sino dentro de tramas de narcocriminalidad, impunidad y control territorial.
“No toda muerte violenta de una mujer constituye un femicidio”, advierte la jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Rosario Luciana Vallarella. “En cada caso -aclara- hay que analizar si se dan realmente razones de género para permitir calificarlo de esa manera”. Entre las diferentes formas, enumera el femicidio íntimo, el femicidio sexual, los travesticidios o transfemicidios y “los femicidios en contextos de criminalidad organizada”.
Vallarella sabe de qué habla. Antes de ser designada jueza integró el Ministerio Público de la Acusación y trabajó sobre violencias de género.
¿Qué convierte a una muerte producida dentro de una organización criminal en un femicidio? La jueza enumera algunas evidencias clave: la forma específica en que se ejerce la violencia sobre el cuerpo, la violencia sexual, el descarte, la saña y también el motivo.
“Muchas veces tiene que ver con utilizar a las mujeres como objeto de venganza. Una venganza que en realidad es dirigida a un varón, pero que impacta en esta mujer relacionada con ese varón. Entonces esta mujer es considerada como un objeto”, explica. Y agrega otra posibilidad: mujeres tratadas “como simples bajas de la organización”, particularmente aquellas que ocupan sus eslabones más débiles.
Leyes lo expresa desde el territorio con una imagen más directa: “El uso de las mujeres como trofeo de guerra”. Y describe una trama que las organizaciones encuentran en los barrios: “Cuando los varones son detenidos y están presos, las obligan a sus compañeras a seguir vendiendo y no les queda otra, porque es tremenda la amenaza a ellas, a la familia, a la ampliación de familia. Entonces no hay salida para ellas”.
Salir de allí exige, además, algo muy distinto de una restricción perimetral. Supone poder abandonar un barrio, a veces una ciudad, contar con recursos económicos y con una protección que atraviese jurisdicciones.
“Nosotras en el marco de la narco criminalidad el Estado no tiene para las mujeres ningún programa ni salida para que salga del circuito de violencia. Eso primero. Y para ello debería articularse hasta con otras provincias. Porque claramente esa mujer víctima del narcotráfico no puede estar en su barrio ni puede estar en su propia ciudad con este manejo que tiene el narcotráfico en toda la ciudad”, plantea la referente de ATE Rosario.
El caso de Marianela y Estefanía Gorosito produjo un antecedente judicial importante. Las hermanas fueron asesinadas en julio de 2022 en Pérez, departamento Rosario, en el marco de una estructura criminal vinculada al narcotráfico. En febrero de este año, un tribunal condenó a prisión perpetua a cuatro personas. En el caso de Pablo Camino, Lucas Castillo y William Espinoza López, la condena incluyó el agravante de femicidio; Melisa Negro recibió perpetua por otros agravantes del doble homicidio.
Para Vallarella, ese fallo importa porque logró ver algo más que la pertenencia de las víctimas y victimarios a una organización criminal.
“Sobre estas mujeres se había ejercido una particular violencia que no tenía solamente que ver con violencias propias del grupo de criminalidad en el que todo esto sucedía, sino que tenían que ver con una violencia compatible con un patrón de ejercicio de poder y asentado en desigualdades de género estructurales”, explica.
El tribunal observó la violencia ejercida contra ellas y el posterior abandono de los cuerpos. “Esto dio cuenta de un patrón de deshumanización y violencia simbólica que lo hacía particular y diferente a otras muertes”, señala Vallarella. Y destaca la dimensión que puede tener hacia adelante: “Es importante porque abre el camino para poder hacer este análisis en otras muertes de mujeres”.
Para eso también hay que investigar de otra manera. No alcanza con reconstruir quién disparó o qué disputa existía entre bandas. Hay que mirar vínculos, conversaciones, posiciones dentro de la organización, amenazas y contexto. “En general, estos casos van a probarse a través de la información de contexto y que rodea al hecho en sí”, explica Vallarella.
Poncino suma que las mujeres en relación a los roles que tienen dentro de estas estructuras criminales “quedan expuestas a amenazas, a extorsiones, a violencia sexual, a represalias”. Por eso, para la Asamblea, poder nombrar estas muertes es el comienzo de una política que todavía falta.
“Trabajar sobre el narcotráfico en los barrios para quienes acompañamos las situaciones de violencia se hace imposible sin una presencia del Estado, previniendo y articulando para acompañar a las víctimas de alguna forma”, advierte Leyes.
Prevención y justicia
La palabra que aparece una y otra vez es “antes”. Antes del femicidio. Antes de la llamada al 911. Antes de que una denuncia quede sin respuesta.
La Justicia es una pieza de ese entramado, pero no la única. “El accionar de la justicia no tiene que ver con la prevención de los delitos”, aclara Vallarella, y explica que “el sistema judicial interviene cuando el hecho ya se ha cometido”. La responsabilidad preventiva, señala, involucra a otras áreas del Estado. Pero la actuación judicial sí produce un mensaje: una investigación tardía, insuficiente o que no sanciona puede transmitir tolerancia e impunidad frente a la violencia; una respuesta seria y eficiente comunica lo contrario.
También puede intervenir antes de que una situación se agrave. “Una intervención temprana del Poder Judicial, una intervención que resulte eficiente desde los primeros momentos del conflicto, puede ayudar a desactivar el conflicto y a evitar consecuencias más gravosas para la mujer”, plantea la jueza. Y marca una herramienta aparentemente sencilla pero decisiva: “Escuchando activamente a la mujer que denuncia”.
Leyes pone esa demora en un caso concreto: Mariana Di Paolo. “Cuando llegan las denuncias, cuando hay denuncias o prohibiciones de acercamiento, tardan muchísimo en llegar esas denuncias a la fiscal, digo muchísimo porque tres días ya son demasiados. Esto es lo que pasó claramente a Mariana. Pasaron dos días de su denuncia y él la termina matando. Por eso decimos que es emergencia, es urgencia, es ya cuando hay una situación grave”, explica.
El acompañamiento tampoco termina en el expediente. Vallarella señala que una mujer que inicia una denuncia necesita apoyo psicológico y social, pero también económico: muchas retroceden en ese proceso porque no tienen con qué sostener otra vida. Propone además trabajar con los varones que ejercen violencia desde los primeros momentos y también dentro de las unidades penitenciarias, para evitar que esas conductas se reproduzcan cuando recuperen la libertad. Todo eso, subraya, requiere “compromisos del Estado, dinero, recursos”.
Y vuelve a una política que también aparece escrita entre las demandas de la marcha: la Educación Sexual Integral (ESI).
Leyes se suma pedido de empezar a hablarles a los hombres. “Creo que el compromiso de los varones tiene que ser otro y el Estado también tiene que empezar a hablarle a ellos”, plantea.
“Si partimos de la base de que la violencia de género es social y culturalmente aprendida, podemos concluir que también puede ser desaprendida”, explica Vallarella, y considera que “la ESI en las escuelas es una herramienta que permite pensar en la prevención de la violencia de género”.
Estado recortado
Frente a las movilizaciones y la movilización lesbotransfeminista, el gobierno de Pullaro presentó un proyecto de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La iniciativa, que debe pasar por la Legislatura, plantea cuatro niveles de evaluación del riesgo, medidas de protección diferenciadas y mayor articulación entre organismos. Fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.
Las organizaciones reconocen que hubo una respuesta, pero discuten su enfoque. “A los días que hicimos estos reclamos y que salimos dos veces a la calle, el ministro de Seguridad Cococcioni con la Secretaría de Género y Diversidad Travaini presentaron un programa integral según ellos, para la atención a las víctimas con alguna de las cuestiones que nosotros venimos reclamando”, dice Leyes. “Claramente cuando se sienta un ministro de Seguridad con la Secretaría de Género y Diversidad es porque la perspectiva no es de género, sino que es de seguridad. Y nosotros desde el principio decimos que no estamos de acuerdo con eso”.
Poncino señala otro interrogante: cuánto presupuesto tendrá, quiénes podrán acceder y qué dispositivos territoriales acompañarán las nuevas herramientas. Porque, dice, “la prevención de la violencia no empieza en el 911, en el llamado, empieza también un centro de salud, empiezan las escuelas, los espacios comunitarios”.
La Asamblea pide, además, recuperar el Programa Acompañar, desarticulado por Javier Milei; crear consejerías en todos los barrios, hacer campañas sostenidas, fortalecer los equipos interdisciplinarios y devolver recursos a las organizaciones que funcionan como primera red cuando una mujer pide ayuda.
La bandera que exhiben en cada movilización con los nombres de todas las víctimas de la violencia patriarcal sigue creciendo. “Ya ocupa más de una cuadra”, cuenta Leyes. Más de 100 metros de nombres de madres, hijas, hermanas y compañeras de trabajo que ya no están, mientras ese estandarte recorre Rosario para no olvidarlas. Y para que haya justicia.
