Informe febrero 2021
60 vidas arrasadas por la violencia patriarcal desde que se inició el año 2021
42 infancias huérfanas
103 movilizaciones exigiendo Paren de matarnos
15 de los femicidios cometidos este año habían realizado denuncias previas.
Los casos:
Guadalupe Curual: había presentado 5 denuncias en el Juzgado de Familia. El abogado de la familia Curual, Marcelo Hertzriken Velasco, informó además que en Villa La Angostura no hay botones anti pánico “porque no hay buena señal de celulares” y tampoco quien controle a los
violentos cuando burlan las restricciones perimetrales.
Rosita Marina Patagua: Su femicida estuvo detenido hasta diciembre por las denuncias que Rosita había realizado. El juez Pullen Llermanos rechazó los fundamentos del fiscal y ordenó el cese de detención el 21 de enero. A la semana la mató.
Ivana Módica: Había realizado formalmente una denuncia en octubre, dictaron una restricción perimetral que nadie garantizó que se cumpliera.
Emilse Stefanía Gajes: Su femicida ya había sido detenido en 2019 por haberla golpeado cuando estaba embarazada. “Estas lesiones fueron constatadas en la Maternidad Provincial», detalló la abogada Soledad Díaz García, patrocinante de la familia.
Silvia Raquel Rojas: Había denunciado a su femicida el 9 de febrero, una semana antes del crimen, en la Comisaría Nº 48 de Los Juríes, Santiago del Estero. No se tomó ninguna medida.
Florencia Figueroa: Lo había denunciado varias veces y tenía vigente una orden de restricción perimetral. La primera denuncia fue en 2014. El femicidio sucedió cuando el agresor fue a retirar pertenencias a la casa que ambos compartían, dado que eran hermanos. Estaba acompañado por policías que lo esperaban en la vereda, por una pelea la noche anterior. “Tuvimos que ir para San Martín para que nos tomen declaración porque en Tortuguitas –en la UFI 20 a cargo de Karina Carbonella- no querían. Se nos reían en la cara”, dijo el hermano. Y contó que desde la comisaría local lo citaron a declarar cerca de la medianoche, amenazando con “largar” al acusado si no asistía, cosa que no hizo.
Úrsula Bahillo: Había denunciado al menos tres veces a su ex novio, el policía Matías Ezequiel Martínez, quien además había sido denunciado por otra joven, Belén Miranda, en 2017. Días después del femicidios de Úrsula se declaró culpable al ser juzgado en los tribunales de Junín en esa causa. Fue condenado a cuatro años de prisión.
Noelia Vanesa Lobo Noble: El fiscal Carlos Sale admitió que había presentado una denuncia contra su femicida.
Liliana Beatriz Stefanatto: Denunció a su femicida en marzo de 2019. La fiscal Juliana Companys dictó en ese momento prisión preventiva para el acusado y elevó esa causa a juicio, pero el proceso no llegó a desarrollarse en la Cámara del Crimen local. El Juzgado de Control le otorgó la libertad. Volvieron a convivir y la mató.
Noelia Vanina Sánchez: El 29 de mayo del año pasado su femicida había sido detenido por «desobediencia reiterada y amenazas» . Tenía una restricción de acercamiento.
Esther Mamani Canaviri: El 14 de noviembre del 2020 la víctima le comunicó a su pareja que se iría de la vivienda en la que convivían. Ibarra Huanca corrió a la mujer, la empujó y arrastró hacia una pieza de la casilla, donde la dejó encerrada. Esther escapó y lo denunció en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) donde fueron constatadas las lesiones, por lo que se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 46, que dispuso una prohibición de acercamiento por el plazo de 45 días a Ibarra Huanca. No llegó a ser notificado. A ella se le entregó un botón anti pánico.
Rocío Macarena Quesada: El femicida tenía una orden de restricción perimetral para «preservar la salud física y mental» de la víctima”.
Ivana Soledad Juárez: El botón anti pánico que le entregaron había dejado de emitir señales.
Alicia Moreno: El femicida tenía una restricción de acercamiento tras una denuncia que en octubre hizo la víctima por amenazas.
Graciela Flores: Le habían puesto custodia policial, pero solo en la casa, ya que no disponían de más efectivos, aunque ella salía a trabajar diariamente.
Todo femicidio de una víctima que había realizado una denuncia previa es la prueba concreta de que el Estado está eludiendo su responsabilidad.
Todo femicidio es evitable si hay políticas concretas y recursos suficientes para prevenirlos.