La familia logró una nueva condena al femicida. Sin embargo, la pena no contempla la figura de femicidio y seguirá libre, viviendo a pocas cuadras de la casa de Luna y de su escuela, donde la comunidad educativa plantó una placa para recordarla. El recuerdo de su mejor amiga, las mafias territoriales y la justicia que sigue sin ver.
Son las doce del mediodía y las madres que van a buscar a sus hijes a la salida de la escuela primaria N° 18 Hipólito Yrigoyen, en Tigre, quedan mezcladas con quienes están ahí, también mayoritariamente mujeres, a punto de descubrir un homenaje a Luna Ortiz, una exalumna de esa escuela que hace seis años fue asesinada.
La calle está todavía mojada por el chaparrón y las puertas están abiertas para que les niñes salgan. Sobre la reja se colgaron banderas; una tras otra piden justicia: por Lucía, por Johana, por Natalia, por Araceli, y también por Luna, que tenía 19 años cuando el 3 de junio de 2017 encontraron su cuerpo sin vida en la casa de Isaías Villarreal, un hombre que un día antes la había contactado por Facebook. El hombre la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía.
Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas hicieron carteles que enlazados unos a otros arman guirnaldas que, apenas para la lluvia, se vuelven a colgar. Cada uno tiene frases contra la violencia y están escritos a mano, sobre hojas de colores: “Si me querés no me grites”, “mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”, “no más maltrato”. Algunos tienen también dibujos: un corazón roto, una persona gritando a otra, la silueta de una mano diciendo “basta”.
Marisa, mamá de Luna, es docente pero no ejerce. Cuando Luna murió, Marisa estaba en plenas prácticas docentes para recibirse. Su hija cuidaba a su hermano menor, Faustino, que ahora tiene 15 años, para que ella fuera a cursar. Había profesoras que le decían que se tomara su tiempo, y hubo quien le dijo que abandonara. Marisa respondía que no: “Mi hija y toda la familia está atrás sosteniéndome para que llegue a tener una carrera”. Algunas compañeras del profesorado tienen ahora cargo en la escuela de Luna; fueron quienes se encargaron de que existan esos carteles que visibilizan la violencia en la escuela, para des-aprenderla.
Pero la silueta que ahora se descubre en la vereda, con la cara de Luna y una frase de la banda Callejeros que la recuerda no estaba pensada para ese lugar. La idea original era colocarla en la plaza que está a una cuadra del colegio, donde Luna y sus amigas iban cuando salían de clases, antes de ir al contraturno de gimnasia, pero no obtuvieron el permiso de la Municipalidad de Tigre. Marisa reconstruye: “Nos quisieron dar una plaza a una cuadra donde vive Villareal”, es decir, el femicida. “Después ofrecieron hacer una plazoleta frente a la estación y poner todos los casos de femicidios ahí: nos pareció querer esconder los femicidios debajo de una alfombra”. Finalmente se logró que el recordatorio se hiciera frente a la escuela donde Luna cursó. “Tenía que ser acá”, resume.
No está todo bien
Ailén habla con lágrimas en los ojos. Conoció a Luna a los 15 años, militando en el Movimiento Evita. “Luna fue mi adolescencia”, sintetiza. Hoy tiene a su hija de 4 años de la mano: la nena sujeta fuerte una foto que pide justicia por quien elige llamar su tía. “Es importante que estemos acá. Es plasmar que acá no está todo bien, que aunque él esté en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y que ojalá la justicia algún día revea el error que cometió”. Cuando dice “él”, Ailén se refiere a Isaías Villarreal y elige hablarle al Poder Judicial porque la muerte de Luna no fue tratada como un femicidio.
En 2019, dos años después de encontrar el cuerpo, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, Marcelo Fuenzalida, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”. Un año después Villarreal fue excarcelado, y desde entonces vive a cuadras de la casa de la familia de Luna, y de la escuela.
“Yo le digo a mi hija que Luna era como una hermana a la que le pasaron cosas feas, pero que mami la quería mucho. Por eso ella dice que es su tía en el cielo”, cuenta Ailén a MU, y dice enseguida que prefiere recordarla con la misma sonrisa que tiene en la silueta: “Luna era alegre, era muy positiva. Éramos muy chicas y muy soñadoras: ella sobre todo tenía un espíritu totalmente libre. Llegaba a un lugar e iluminaba porque era todo positividad. Si teníamos un mal día, a la noche ni nos acordábamos. Haberla perdido fue como perder una parte del cuerpo: ella siempre te hacía ver que iba a estar todo bien en el mundo. Era increíble”.
Enfrentarse a las mafias
La larga búsqueda de justicia que impulsa la familia tuvo este año un momento clave: el 4 de julio, el Tribunal n° 7 de San Isidro estableció la pena por la figura de “homicidio imprudente”. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso comenzaron la audiencia del juicio de cesura explicando que lo único que se podía hacer en esa jornada era fijar pena en base a la escala correspondiente al delito por el que Villarreal estaba imputado. “Hoy nuestra competencia es limitada, no tenemos competencia para hacer algo distinto”, explicó el presidente.
En esa jornada, que fue seguida por cientos de personas mediante pantalla gigante en la calle, se condenó a Villarreal a 4 años y 11 meses, pero lo novedoso fue que por primera vez, tanto el fiscal Santiago Jaime Munilla, como los jueces del tribunal consideraron como agravantes tres cuestiones: el contexto de violencia de género, de vulnerabilidad y de diferencia de edades entre Luna y Villarreal.
“Los jueces entendieron que fue en un contexto de violencia de género”, dice Facundo, papá de Luna, y explica: “Desde ahí fuimos a apelar a la Cámara de Casación, volvimos a pedir la figura de femicidio, pero nos tocaba la misma sala que le había dado a él la excarcelación, así que pedimos recusar a los jueces y estamos esperando”.
Mientras tanto hay otras causas vinculadas al femicidio de Luna que no tienen avance: una causa por abuso, que se abrió durante el juicio de 2019 y que tiene como imputado a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte, y sigue en proceso de investigación; una tercera causa que investiga una posible vinculación con trata de personas, a la que la familia no tuvo acceso; y Facundo y Marisa denuncian que hay dos causas más vinculadas al narcotráfico a las que tampoco pudieron acceder.
Facundo: “Sentimos que estamos enfrentándonos a algo muy grande, por eso tantos años de impunidad”. Marisa: “Estas mafias son mafias territoriales. No es un femicidio vincular, sino que decimos que es un femicidio territorial. Y por eso también es tan difícil llegar a la justicia”.
Marisa, a su lado, mira el homenaje a su hija rodeada de vecinas, organizaciones sociales y otras familias de víctimas de femicidios. Y dice: “En cada instancia estamos para abrazarnos porque si estamos juntos y organizados es más fácil. Este es un momento importante porque es una reparación: el Estado está reconociendo que es un femicidio: falta que la justicia lo pueda ver”.