Cómo le fue al Estado en sus políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres y personas LGTBIQ, según el informe oficial. De los planes a los números, los objetivos que se cumplieron y las demandas que siguen siendo cuentas pendientes. Ministerio y después.
La Auditoría General de la Nación realizó un informe con el objetivo de evaluar la eficiencia y el impacto de las acciones de gestión o programas gubernamentales dirigidos a la prevención, protección y reparación de las mujeres que han sido víctimas de violencia pormotivos de género.
Se analizó específicamente el período 2019 a 2021; período durante el cual hubo dos gestiones a cargo. Y en el medio, una pandemia.
La gestión Macri
En 2017 el ex Consejo Nacional de las Mujeres (creado en 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem) fue transformado en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Así pasó a ser un organismo descentralizado con rango de Secretaría de Estado, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
El decreto para su creación fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri, a quien Fabiana Túñez, a cargo del organismo, definió como el “feminista menos pensado”.
Entre sus facultades se encontraba elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según lo establece la Ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en marzo de 2009.
Los planes rigen las políticas públicas destinadas a dar respuesta a la violencia machista, y son entendidos por la Auditoría como las “principales herramientas de planificación estratégica de las acciones llevadas a cabo”.
El 26 de julio de 2016 Macri presentó el Plan 2017-2019 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, frente a familiares de víctimas de femicidios; detalló que el Plan incluía 69 medidas y 137 acciones. Seis años después, en el informe elaborado por la Auditoría General de la Nación se informa que no es posible evaluar los logros de los objetivos del plan, dado que no se establecieron los parámetros para medir los avances de cada acción. Al no haber metas cuantificadas ni objetivos concretos no es posible contrastar resultados ni evaluarlos. Además, se especifica que no se realizó evaluación final de su implementación: por ejemplo, en el primer semestre de 2019, del 61% de las acciones previstas no hay datos.
Otro contraste entre el lanzamiento y lo auditado es el dinero destinado al organismo. “El Poder Ejecutivo destinará 750 millones de pesos entre 2017 y 2019 para cumplir con los objetivos fijados por la Ley 26485 y responder a las obligaciones asumidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, dice la comunicación oficial de Casa Rosada, aún online, del día de la presentación. En su reciente informe, la Auditoría de la Nación dice claramente que el Plan 2017-2019 “no fue una prioridad en términos presupuestarios” para el organismo que lo regía. Un ejemplo: en 2019 solo ejecutó el 38,1% del crédito vigente. Además la Auditoría resalta que “en 2019, la actividad con mayor peso presupuestario respecto al total del INAM fue Dirección y Conducción (92,4%)”.
Sobre lo que se hizo, la Auditoría detalla que “existe una falta de formalización” de las acciones llevadas adelante por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2019, por lo que se dificulta el análisis de la gestión ya que no se cuenta con los objetivos, los procedimientos, la población destinataria y los procesos para su selección, ni con lineamientos operativos, procedimientos y responsabilidades institucionales. Y da un dato categórico: en 2019, el último de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, la ejecución presupuestaria de las actividades para mitigar la violencia de género fue de menos de la mitad: 43,3%.
Cambio de eje
Con la asunción de Alberto Fernández en diciembre de 2019, el gobierno decidió crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en reemplazo del Instituto Nacional de las Mujeres. Al frente designó a Elizabeth Gómez Alcorta.
La auditoria reconoce que la nueva gestión, a diferencia de la anterior, sí elaboró el nuevo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para los años 2020-2022, incluyendo en el proceso instancias participativas o consultivas con organizaciones de la sociedad civil.
La presentación del Ministerio se hizo desde Olivos, con la presencia del Presidente y la ministra por videoconferencia. Corría la pandemia, 3 de julio de 2020, y el plan contenía 27 medidas, 144 acciones y 262 productos. Sobre esto, la auditoría detalla que si bien el Ministerio realizó informes de gestión donde se reportan avances, lo hizo sin considerar la propia planificación del plan, por lo que se imposibilita la evaluación tanto de las acciones como del propio plan.
Es en 2020 se incluye -por primera vez para el Estado- a las personas LGTBI+ como pasibles de experimentar situaciones de violencia por motivos de género; se reconocía así los progresos normativos y sociales, dejando atrás la posición binaria.
Por otro lado, desde la creación del Ministerio el informe evidencia un aumento “significativo” de la designación de recursos, “lo que evidencia su jerarquización como política de Estado”. Sobre los recursos: “El gasto ejecutado en 2021 específicamente en políticas contra la violencia por motivos de género fue 32 veces superior al gasto de todo el INAM en 2019 (ajustado por inflación)”.
Otro de los datos comparativos que se anunció entre ambas gestiones, específicamente sobre la violencia femicida, indica una “disminución de los femicidios directos” de 2019 a 2021, como si fuera posible medir la tragedia y el dolor de la pérdida de una vida. La cantidad de femicidios cometidos en un año en todo el país son el indicador que le permite al país medir su avance o retroceso en relación a la meta de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que propone eliminar todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas. La muerte como una línea en un gráfico.
Tipos de violencias
En el Plan Nacional de Acción 2020-2022 la primera acción que se enuncia entre las que se iban a hacer estaba el Programa Acompañar, que finalmente fue creado en septiembre de 2020, destinado a quienes se encuentran en “riesgo acreditado por situaciones de violencia por motivo de género”. El plan otorga durante seis meses una prestación económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil además de acompañamiento, con un presupuesto bianual de $17.671.198.000.
Desde su creación hasta diciembre de 2021 lo recibieron 181.565 personas; el porcentaje de transferencias rechazadas fue en promedio de 0,2%. Entre quienes lo recibieron el 48% eran de la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 84,4% sufría violencia psicológica, el 80,45% violencia física, y el 57,76% violencia económica. El 37% contaba con medidas de protección tales como prohibición de acercamiento, exclusión del agresor de la casa o botón antipánico.
La Auditoría detalla que el proceso de implementación del programa no queda registrado de manera integral en los expedientes, por lo que se dificulta la trazabilidad y la evaluación. Por ejemplo, no se registran cuándo la persona que está sufriendo violencia solicita ingresar al programa, lo que impide calcular el tiempo entre que lo solicitó y que lo recibió. El dato se vuelve importante al ver que el 32% de las destinatarias estaba en un riesgo que fue calificado como “altísimo”, lo que significa que estaban en riesgo de vida inminente. Entre las recomendaciones la Auditoría sugiere que los expedientes reflejen las actuaciones de la manera más integral posible para así facilitar la evaluación de la gestión.
La línea 144
La Línea 144 fue creada en 2013 para dar contención, información y asesoramiento sobre violencia machista. Tiene tres sedes: CABA, provincia de Buenos Aires y Nación. Es transversal a ambas gestiones que la auditoría analiza.
De la gestión llevada a cabo por el Consejo Nacional de la Mujer y luego por el Instituto Nacional de las Mujeres, no hay información estadística disponible públicamente, por lo que aún cuando lleva diez años de existencia, sin datos no se puede hacer un seguimiento estadístico histórico de la evolución de las situaciones de violencia por motivos de género que registra la Línea 144.
Recién en 2019 se estableció como una obligación la recopilación y sistematización de la información recibida en la línea, por lo cual el informe de auditoría da cuenta principalmente del análisis de los años 2020 y 2021. En ese período la cantidad de personas asistidas aumentó de 203.466 a 277.166, un 20,3%.
La información estadística disponible no está desagregada por medio de comunicación utilizado (teléfono, whatsapp, aplicación o mail), tampoco hay información sobre la articulación con otras líneas de asistencia, ni se desarrollaron indicadores que permitan evaluar la calidad y la eficiencia del servicio, lo que hace difícil identificar oportunidades para mejorar el funcionamiento.
Durante la pandemia Covid-19, el aislamiento social, preventivo y obligatorio impactó en el aumento de la violencia, principalmente porque en muchos casos quienes la sufrían quedaron aisladas con el agresor. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad llevaba tres meses desde su creación cuando fue decretado el aislamiento, por lo que la Auditoría detalla que lo que se hizo fue fortalecer programas ya existentes, por ejemplo la Línea 144.
Las comunicaciones al 144 durante el aislamiento fueron superiores en todos los meses respecto al mismo período de 2019, especialmente en abril, mayo y junio. Si bien el Ministerio hizo análisis de los casos recibidos no se realizó una evaluación de la eficacia de las acciones para facilitar el alcance de las medidas de asistencia.
Durante la pandemia les trabajadores de la línea aumentaron 19% en relación a diciembre de 2019, y se sumaron mail y whatsapp como canales de atención; se puso también en marcha el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) para centralizar las distintas acciones llevadas adelante por diferentes actores estatales. Todas las provincias menos CABA firmaron convenio para la implementación del sistema, aunque no todas llegaron a la plena implementación.
El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado, después del grito colectivo en las calles que exige desde entonces, sin lograrlo aún, que paren de matarnos; el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, luego de la marea verde.
La calle marcó y sigue marcando la demanda, muchas veces sin lograr que la institucionalidad se traduzca en la transformación urgente que se necesita.
Lo que ahora mismo se está cocinando desde la calle, aún se está inventando, ahora más que nunca, por fuera del Estado.